¿BOLIVARIANIZACIÓN JURIDICA DE LA INTELIGENCIA EN BOLIVIA?

¿BOLIVARIANIZACIÓN JURIDICA DE LA INTELIGENCIA EN BOLIVIA?

Andrés Gómez de la Torre Rotta *

Algunos comentarios nos merece el diseñado Ante-Proyecto de Ley del Sistema de Inteligencia del Estado Plurinacional, SIEP, y de la nueva dependencia, Dirección de Inteligencia del Estado Plurinacional, DIDEP, de Bolivia.

Para comenzar, el hecho que el documento (de 36 artículos y cinco Títulos) fue elaborado por una Comisión Redactora de solo tres personas, nos indica su escasa inclusividad.

En primer lugar, es evidente que el Ante-Proyecto camina en la senda de la frustrada “Ley Sapo” de Venezuela 2008 (Decreto 6.067 del 28 de mayo, Gaceta Oficial 38.940), al considerar en su artículo 3º, como conformantes del sistema de inteligencia, dentro de su Ámbito de Aplicación, a todo ciudadano (expresamente “extranjeros” dice el Ante-Proyecto) que posean o tengan acceso a información de interés para el Estado Plurinacional. Es la añorada y chavista “Sociedad de informantes”, que estuvo a punto de ser plasmada en el artículo 2.5 de la última intentona de leguleyada de marras llanera.

Segundo, sobre la capacitación del personal de inteligencia, nos parece un craso error delegar exclusivamente en la Escuela Militar de Inteligencia del Ejército, o similares del Ministerio de Defensa, o Policía Boliviana la capacitación, perfeccionamiento y especialización del recurso o capital humano (Capítulo III, Artº 30, del Ante-Proyecto).

Tercero, somos conscientes de las limitaciones existentes en materia de capital humano en la especialísima actividad de inteligencia, particularmente en estados de bajísima institucionalidad pública, como los andinos, pero el Título V, Disposiciones Transitorias, capítulo único, (Art 34º) Designación y Destino, señala discriminatoriamente, solamente a miembros dependientes del los Ministerios de Defensa y de Gobierno y Policía para ser destacados a integrarse a la DIDEP, obviando a profesionales civiles, tan igual o mejor calificados para desarrollar ciertas tareas y habilidades de otros Ministerios, no menos estratégicos para la seguridad nacional (Presidencia, Relaciones Exteriores, Justicia, Economía y Finanzas Públicas).

Sin retacear o mezquinar, creo que hay puntos interesantes y rescatables del Ante-Proyecto, que pasamos puntualmente a repasar:

1) Definiciones, (Glosario) (Capítulo II, DEFINICIONES Art 5º): sobre Inteligencia, Sistema de Inteligencia, Inteligencia Estratégica del Estado, Inteligencia Estratégica Militar, Inteligencia Estratégica Operacional (¿?) e Inteligencia contra el Crimen. Se sigue en ese sentido, convenientemente, la línea normativa de Canadá, Argentina, Chile y Perú, para hacer operativa y funcional, una norma tan plagada de tecnicismos, como son las leyes de inteligencia, aunque ciertamente discrepemos de algunos conceptos.

2) Campos o dominios de la actividad nacional o “componentes”, según la doctrina Boliviana (Art 11º), centrados en el geográfico, económico, político, psicosocial (¿?), científico-tecnológico, transportes y comunicaciones, y militar.

3) Niveles de la inteligencia (Art 13º); Estratégico, Militar y Operacional (tiene un cierto parecido o tufillo con las malhadadas leyes peruanas de inteligencia 25635 de 1992 y 27479 de 2001).

4) Control y Fiscalización (Título III, Capítulo I, artículos 18º y 19º), por una Comisión Legislativa Especial de la Asamblea, con ello hay estandarización con la tendencia del derecho comparado iberoamericano reciente.

5) Límites, protección y garantismo a la actividad de inteligencia (Art. 21º) contra potenciales abusos o uso indebido del Sistema y dependencia.

6) Protección del personal de Inteligencia (Art 29º), aunque muy tímidamente, se ha insertado una fórmula que intenta recoger el innegable y a nuestro entender, certero avance inserto en la norma Colombiana vigente, 1,288 de 2009.


En suma, si bien hay aspectos rescatables e interesantes del Ante-Proyecto, nos llena de incertidumbre y poco entusiasmo su espíritu y particularmente transfondo, específicamente respecto de sus evidentes similitudes con la filosofía del frustrado y posesivo modelo normativo Venezolano de 2008, que no le hace nada bien a otros aspectos, de éste primer intento de institucionalizar, modernizar y adecuar a nuevos escenarios, la inteligencia Boliviana.

En ese sentido, harta y premonitoria razón tuvo, finalmente, el historiador chileno Carlos Maldonado Prieto (1) “Los servicios de inteligencia bolivianos están en manos de militares y policías, excluyendo por completo a profesionales civiles. Más compleja todavía es el hecho de que la vieja disputa entre el Ejército y la Policía, que data por lo menos de 1,952 en adelante, también se expresa en fuertes rencillas a nivel del trabajo de inteligencia”.



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* Especialista en derecho de los servicios de inteligencia.

(1). “Desafíos de los Servicios de Inteligencia en la región Andina” p. 275. “SIN Arcana Inmperii, Inteligencia en Democracia”. Lima, marzo 2006. Andrés Gómez de la Torre, Compilador.

PERU: ¿Enfrentando una nueva forma de Subversión?

Autor: Luis Giacoma Macchiavello

1. La Subversión de Sendero Luminoso

Entenderemos por subversión “las actividades de grupos o colectivos que promuevan el derrocamiento o debilidad de un gobierno mediante actividades violentas o contrarias al Estado de Derecho”. Ciertamente definiciones de subversión hay muchas y es un concepto amplio y que ha evolucionado. Por ello se ha elegido la definición precedente, conjunción de varias.

Por lo común, cuando se habla de subversión se asocia con el terrorismo. Más allá de la exactitud o no de esta asociación de ideas (que asumiremos como parcialmente cierta) el terrorismo es solo una forma de subversión que el Estado Peruano sufrió con mayor intensidad desde 1980 hasta el año 1992, cuando un Grupo Especial de la Policía Nacional captura a Abimael Guzmán.

Sendero Luminoso era un grupo criminal, en principio, con ideología maoísta-marxista-leninista-Pensamiento Guía del Camarada Gonzalo (Abimael Guzmán) que tenía un Comité Central, comités departamentales, división de funciones y ejercía el terrorismo en base a dicha estructura. Podríamos decir, que salvo variantes, tenia semejanzas con otros grupos sudamericanos de la década del 70.

Podríamos decir que Sendero Luminoso era un grupo que tenía un enfoque militar-político, movilizaba recursos y definía, en su plan para acabar con el Estado Peruano, unas fases estratégicas bien definidas. Junto con el MRTA monopolizaban en el Perú de entonces el accionar subversivo con exclusión de otras fuerzas.

Gracias a la labor de las FFAA y especialmente de la PNP que capturó a Abimael Guzmán, originando la debacle de Sendero, al margen de errores estratégicos de Sendero Luminoso, como excluir al campesinado de su lucha o intentar el cerco de la ciudad de Lima, los que afortunadamente fueron aprovechados por el Estado Peruano.

2. Situación Actual

Sin embargo, es nefasto siempre cantar victoria antes de tiempo sosteniendo que se eliminó la subversión tal como hizo el Estado Peruano desde 1997 en adelante. Es propósito principal del artículo demostrar que la subversión ha evolucionado hacia nuevas formas y estilos. Como bien anota el Profesor David Spencer¹ del Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa, existe una nueva oleada de Violencia Política, Insurgencia y Terrorismo en América Latina.

Continua el citado profesor indicando que factores como la debilidad democrática (el Estado vulnera todavía muchos derechos ciudadanos), la criminalidad, las causas indígenas y la exclusión, entre otros, persistentes en una gran parte de la población latinoamericana constituyen factores contribuyentes a la formación de una nueva oleada de radicalización en Latinoamérica

Esta combinación de factores, algunos presentes en el Perú, originan una mutación en la forma de subversión. Si antes se hacía explotar un coche bomba en Lima, ahora se bloquea una Carretera Principal o se toma un Aeropuerto durante días sin que el Estado pueda hacer retornar el Estado de Derecho. Hechos como el Baguazo demuestran claramente que existe una nueva forma de Subversión que no está siendo tomada como tal pero que continua desarrollándose a veces con el aval del propio Estado.

3. ¿Estimulo Estatal o Militar?

Tenemos así que hace unos meses el Ejército Peruano entregó armas a unas rondas campesinas² en la Región Militar del Centro y ello se consideró un gran logro en la “sencilla” lógica del General o Comando de la zona sin tener en cuenta que dichas rondas pueden estar ligadas a organizaciones como Pukallacta o similar con efectos nocivos sobre la seguridad nacional³.

Durante el Baguazo (Junio 2009), dado el gran numero de nativos selváticos que tienen instrucción militar y forman parte del Ejercito (servicio militar voluntario o suboficialidad) se temió que los nativos no obedecieran ordenes y se trasladó tropa de la costa peruana para hacer frente a los desmanes. Y durante los últimos hechos de tomas de carreteras en Chala durante el paro de mineros INFORMALES (abril del 2010) se tuvo conocimiento de integrantes de Rondas Campesinas que intervenían en dicha protesta como estrategas.

Cuestión también importante es el comportamiento de algunos gobiernos regionales o autoridades municipales, casi siempre de signo Ollantista⁴, que en su conducta política conspiran contra el Estado de Derecho promoviendo organizaciones o colectivos que realizan actos violentos. Y se recurre a la figura del Frente de Defensa (organización no nacida del sufragio) para dar soporte político a protestas por la explotación de recursos naturales, anti mineras, ambientalistas u otro tipo de reivindicaciones sociales.

4. Conclusiones

Una nueva forma de subversión (no terrorista) se encuentra implementándose en el escenario político peruano con la anuencia de sectores estatales imbuidos y entusiastas de ideas de la década del 70 en conjunción con una nueva izquierda o nacionalismo que ha tomado los gobiernos regionales y municipales del interior del país.

Esta nueva subversión se manifiesta en la zona Andina y en ciertas zonas de Selva bajo las ideas de organizaciones sociales como Frentes de Defensa contando con la colaboración del Estado Peruano (Gobiernos Regionales).

La creación de los gobiernos regionales introdujo una nueva instancia de poder político, burocrático y ahora económico (mediante transferencias del gobierno central) que en manos de elementos de la nueva subversión pueden originar debilitamiento estatal. Estamos advertidos. La impecable presentación económica del Estado Peruano desde 1992 al presente puede frustrarse irremediablemente.

1 Prospective of Homeland Security and Defense Course (PHSD) de Marzo 2010, CHDS, Washington DC, EEUU.

2 Articulo “Juguemos a la Ronda” de Dardo Lopez-Dolz Madueño, ex viceministro del Interior en

http://www.idsperu.blogspot.com/.

3 Existe al interior del Ejército Peruano una absoluta influencia del pensamiento Velasquista, dictador durante los años 1968-1975. Los Generales de hoy son los cadetes de Velasco y se siguen formando actualmente promociones en dicha línea de izquierda considerándose agentes del cambio social o “de su movilidad social” en muchos casos (corrupción). Y existe además una extrapolación indebida de la situación de los 90s con la del 2010 en el combate a la Subversión. Son tendencias anacrónicas que se deben desterrar.

4 Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista del Perú, cuenta con el apoyo “disimulado” del Ejército Peruano en todos los niveles.

Juguemos a la Ronda

Por: Dardo López-Dolz Madueño

El Ejercito anuncio hace pocos días la reactivación y entrega de escopetas a las rondas campesinas en Jauja. La sencilla lógica tras esta decisión castrense constituye un craso error.

En los noventas, las rondas campesinas y los comités de autodefensa, dotados de escopetas de bomba constituyeron pieza importante de la estrategia para detener el avance del terror.

Pero el Ejército no fue el único que prestó atención a esta milicia como herramienta de poder en aquellas zonas del país donde el Poder estatal está ausente.

Patria Roja y otras organizaciones marxistas, diseñaron y empezaron a aplicar una exitosa estrategia, para hacerse del control de rondas y comités, convirtiéndolos en organizaciones paramilitares al servicio de sus intereses económicos y políticos, generadoras de inteligencia para sus fines, que no vacilan en el uso abusivo de la fuerza, arrinconando a las autoridades elegidas, obligadas a ceder a sus presiones por temor,

Esta milicia, en Cajamarca (Pulan, Santa Cruz) y otras zonas, es usada como arma principal de coacción o extorsión contra la actividad minera formal además de ser pieza crucial de cualquier bloqueo de carreteras en las serranías, no dudando en usar esas mismas armas para enfrentar a la Policía.

Rearmar las rondas en el bastión de Pukallacta es un error producto de un simplismo pueril inadmisible que debe corregirse de inmediato.

Como antes, desde estas líneas reclamo la necesaria adecuación del planeamiento estratégico castrense a la naturaleza siempre cambiante, de las amenazas contemporáneas reales contra nuestra libertad, nuestra democracia y la seguridad nacional.

Si su número y la naturaleza de su preparación y funciones hace impráctico pensar en bases policiales y doblemente complicado desde la perspectiva legal, encargarlo a las fuerzas armadas, habría que ir pensando en diseñar una suerte de guardia nacional o gendarmería, a la cual podría encargarse esa función. Esta podría asumir adicionalmente las funciones que hoy cumple la DIROES, evitando así esa ilusa dualidad que le exige ser amable policía de calle y endurecido combatiente eficaz, no se juega basket con un equipo de futbolistas.

Entretanto, si pese al riesgo enunciado, se considera indispensables las rondas, habría que rediseñar la participación de esas milicias civiles, poniéndolas bajo el mando directo de personal de las fuerzas del orden, una suerte de “alguaciles del viejo oeste” o una variante de servicio militar a medio tiempo que los sujete, durante su periodo de servicio, a la justicia militar.

Ampliaríamos así la cobertura del cojo sistema de inteligencia, detectando temprano brotes antidemocráticos, minimizando el riesgo enunciado líneas arriba.

¿Una CIA colombiana?

(*) Dr. Andrés Gómez de la Torre Rotta

Creado en 1953. como SIC-DAS, durante el régimen del general Rojas Pinilla, y rebautizado en democracia, bajo la presidencia de Alberto Lleras Camargo (1960), el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, de Colombia, es el servicio de inteligencia probablemente en estado más crítico en la región. Coincidentemente, el jefe de la CIA norteamericana, abogado León Panetta, visitó Bogotá el mes de febrero pasado, con el aparente objetivo de apoyar el proceso de rediseño de inteligencia. En últimos años, en plena gestión uribista, Colombia ha tenido cuatro (más un interino) jefes de inteligencia; Jorge Aurelio Noguera, Mauricio Andrés Peñate, María Hurtado Afanador, y Felipe Muñoz. Todos los jefes exhiben perfiles clarísimos, abogados y orientación profesional a las ciencias sociales, con post-grados y record de desempeño en la administración y dependencias públicas (entre ellas, los gobiernos locales). Plagado se sombras y cuestionamientos, la normatividad que reguló tradicionalmente la inteligencia colombiana fue profusa y difusa. En 1995 (por Decreto 2233, del 21 de diciembre), se logró articular un Sistema Nacional de Inteligencia (Presidente Ernesto Samper, ministros Serpa y Esguerra, del interior y defensa nacional, respectivamente) (SIN), unificación, integración y coordinación fueron, por entonces, los vectores, conceptos acuñados en el texto de la norma. Pero de ningún modo ello significó un efecto arrastre hacia el artificioso y tramposo modelo de inteligencia “duro” o peruano de 1991 y 1992, pues a nadie en Colombia se le ocurriría dotar de facultades discrecionales totales al DAS. Ante una evidente y triste crisis estructural del DAS, en el mes de marzo de 2009, fue promulgada una nueva ley de inteligencia, Nº 1,288, Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco legal que permite a los organismos, que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones.. La norma trae como bienvenido aporte a la legislación comparada latinoamericana reciente, la protección al personal de inteligencia, entre otros aspectos. Luego fue presentado el proyecto de Ley 189, Por la cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S.-, se crea el Departamento Administrativo denominado Agencia Central de Inteligencia de Colombia – A.C.I.-…(con 10 artículos). El concepto de Agencia Central, ha sido parcialmente empleado en Brasil (ABIN, 1999), Chile, (con su “Agencia” Nacional de Inteligencia, creada el 2004), y en el Perú, con el frustrado proyecto de la “Agencia” de Inteligencia Estratégica, AIE, de 2004. La actual refundación de la inteligencia en Colombia, en cierto modo, toma nota de la experiencia de reconstrucción de inteligencia de la Europa oriental de pos-guerra fría, esto es, generando estructuras normativo-institucionales restrictivas en las funciones de los organismos de inteligencia, al amparo de unas convenientes, precisas y puntuales misiones, pues el DAS tenía expansivas y a nuestro modo de ver, amplias funciones, que a la larga, le jugaron muy, pero muy en contra, minando el organismo, así como de colocar contrapesos políticos a inteligencia. Es difícil intuir al grado de compromiso de los servicios de inteligencia norteamericanos, o alguna de sus agencias en particular (con más probabilidad sería la CIA, la DIA, o la NSA), con la nueva ACI o “CIA Colombiana”, Pese a que, el panorama es tentador, las cosas felizmente cambian, pues ya no nos encontramos en los cincuenta o sesenta, con los clásicos buenos pastores, emisarios de la CIA, como el siniestro Posada Carriles, controvertido anti-castrista articulador de la inteligencia Venezolana anti-comunista, por los sesenta, quien sentó las “bases” y filosofía de actuación de la DISIP (1969-2009), creada por el presidente Rafael Caldera, hoy denominado Servicio Bolivariano - SEBIN (diciembre 2009) . Esperamos, desde luego, que León Panetta, actual jefe de la CIA y reciente visitador a Colombia no sea posmoderna versión de Posada Carriles, con la nueva ACI del país vecino.

(*) Ex funcionario público de inteligencia (últimos cuatro gobiernos). Actual asesor empresarial privado.

Hacia un nuevo concepto de Fuerza Armada

(*) Luis Giacoma Macchiavello

Como consecuencia de las declaraciones del abogado Enrique Ghersi proponiendo una transformación de las FFAA es necesario precisar las circunstancias que dan lugar a ello pues no nacen de un arrebato ideológico sino que la realidad del Siglo presente origina una serie de cuestionamientos validos en relación al modelo de Fuerza Armada que un Estado moderno precisa.

En primer lugar se observa una tendencia en el mundo a reducir el tamaño de las Fuerzas Armadas. Si en el Siglo XVIII teníamos el apogeo de la idea de ejércitos masivos en el Siglo XXI tenemos que se privilegia la tecnología sobre la cantidad de elementos uniformados siendo necesario reducir el volumen del Ejército, por ser la el arma masiva por excelencia. Y en esa línea se privilegia al individuo con conocimientos en Relaciones Internacionales, Administración, Tecnología entre otras sobre el modelo de “general tropero” con excelentes cursos de Paracaidismo, Supervivencia entre otros. Dicho de otro modo, un oficial debe tener un perfil distinto y superior al de un suboficial dadas las actividades que realizará[1].

Asimismo es necesaria la unificación de las Fuerzas Armadas siendo el modelo canadiense el paradigma a seguir. De esta manera, se eliminaran nefastos intereses subalternos que originan una “competencia” entre miembros de las FFAA de un mismo Estado (situación absurda). Y se podría tener un mejor manejo de recursos en una sola Escuela de Formación de oficiales conjunta entre otras ventajas de orden administrativo.

Al parecer, estas propuestas que no apuntan en lo absoluto a una destrucción de la Fuerza Armada sino qua apuntan a su evolución y permanencia pero adaptadas al Siglo XXI tropiezan con algunas ideas “tradicionales” de elementos de las Fuerzas Armadas. Tal parece que bajo estos “principios” la Fuerza Armada está exenta de evolucionar como si lo hacen todas las instituciones del Estado. Al respecto decía Juan XXIII que “la tradición no es más que el progreso hecho ayer”. Más bien lo que se oculta con este supuesto respeto a la tradición es el mantenimiento de “feudos” antidemocráticos como el pésimo trato dispensado a los suboficiales, la vigencia de leyes contrarias a los DDHH (como la que prohíbe a la viuda de un militar casarse o tener descendencia pues se le elimina la pensión de viudez), el mantenimiento en el Ejercito de una educación anacrónica de izquierda o velasquista[2] , el desprecio por los civiles que opinan sobre temas de Defensa o la innegable y frecuente ocurrencia de conductas tipificadas como corrupción[3].

También es necesario destacar el hecho que esta pretendida evolución de la Fuerza Armada peruana al siglo XXI deberá contemplar el tema de un sinceramiento en las remuneraciones de los soldados voluntarios[4] profesionales (con capacidad para solicitar créditos en la banca privada para vivienda), adecuadas compensaciones por tiempo de servicios (para acabar con la costumbre de entregar un automóvil a los generales en su lugar), seguros integrales, excelentes servicios médicos para las familias de los miembros de unas modernizadas Fuerzas Armadas (lo que no sucede en la actualidad) entre otras ventajas. Y además la adaptación de la Fuerza Armada al Siglo XXI la integraría a la sociedad de manera plena.

Evidentemente este tránsito de una Fuerza Armada no profesional a una profesional (con la inversión que ello necesita) requiere de capacidad e ímpetu político para una efectiva modernización (que no es la adquisición de armas) y de un liderazgo al interior de las Fuerzas Armadas que no provendrá de la cúpula actual sino de mandos medios, poseedores de otra mentalidad. Es necesaria la confluencia de estas circunstancias para una adecuada transformación.

La discusión pública se encuentra planteada y el tiempo la hará aun más evidente y necesaria. Intentar ocultarla o desacreditarla con argumentos ad hominem como ha sido la respuesta más reaccionaria y cavernaria no causará sino mayor discusión. Estamos frente a una disyuntiva histórica: tener una FFAA masiva, con estructuras antiguas, llena de generales troperos y acomplejados con ideas seniles (velasquistas, violadores de DDHH, “coimisioneros”, ollantistas) o el surgimiento de una Fuerza Armada moderna[5], no masiva, de elite, poseedora de alta tecnología, con Generales Phd[6], con oficiales y suboficiales preparados y poseedores de grados académicos superiores. Estamos seguros que el pueblo peruano merece unas FFAA de estas características.

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[1] Son los llamados Generales Troperos. Carecen del nivel cultural y social que implica ser General y muchos de ellos provienen de la sub oficialidad y mediante patologías institucionales diversas llegaron a ser oficiales. Constituyen un mal ejemplo y un pésimo precedente para una FFAA moderna que mira al Siglo XXI.

[2] Hasta la actualidad la inmensa mayoría de oficiales del Ejército Peruano se declaran velasquistas y “paladines del cambio social”. Otra nefasta herencia afrancesada. Además defienden la Reforma Agraria y sueñan con una Guerra con el vecino del Sur.

[3] Desde sobrevaluaciones hasta ascensos discutibles (de Comandante a General en 5 meses) constituyen ejemplos de corrupción incuestionables. Un síntoma de ello son los ascensos producto de la brillante operación “Chavín de Huantar”. Es cuestionable ascender a algunos solo por hacer bien su trabajo (pues para ello se les prepara con nuestros impuestos) en desmedro de otros.

[4] Característica básica del nuevo elemento de la Fuerza Armada. Si decide retirarse nadie debe impedirlo ni amenazarlos con un cobro por demás indebido.

[5] Con pleno respeto a los DDHH y que cumplan EFICIENTEMENTE su función constitucional.

[6] En Universidades de prestigio y sin cuestionamiento alguno se entiende.

Ecuador: Un arquitecto a inteligencia

(*) Dr . Andrés Gómez de la Torre Rotta

(Sobre la nueva SNI), “un banquete apetecible para los mediocres de siempre, para los de mala fe de siempre”...

Presidente Rafael Correa

“El Nuevo Empresario”. Noticias Nacionales

Martes, 14 de julio de 2009.

El gobierno ecuatoriano modernizó viejas y anquilosadas estructuras de inteligencia (1). Luego del luctuoso incidente de Angostura, con Colombia, Rafael Correa creó una Comisión Especial, el 15 de mayo de 2008, mediante decreto Nº 1080, para la “Investigación de los servicios de inteligencia militares y policiales ecuatorianos”. La Comisión elaboró un Informe, cuyo punto 7º, señala la necesidad de promulgar una ley de inteligencia nacional, bajo un nuevo sistema de conducción política, dependiente de la Presidencia de la República. La recomendación se hizo realidad tangible con el decreto Nº 1768 del 8 de junio de 2009 (7 artículos, una disposición derogatoria y una final), y fue creada la Secretaría Nacional de Inteligencia, la SNI. Reemplaza a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, institución de pleno gobierno militar, por vetusta Ley de Seguridad Nacional de 1979. Órgano dependiente del COSENA (Consejo de Seguridad Nacional), la militarizada DNI, normaba el conjunto del sistema de inteligencia, ¡gracias a un solitario y escueto artículo!.... El Considerando del decreto de creación de la nueva SNI, coloca a la justicia social, como variable de la seguridad nacional, muy acorde con la visión del militarismo clásico ecuatoriano, y perfila una SNI articuladora del sistema y sub-sistemas de inteligencia. Contradictoriamente, se le otorgan facultades en el nivel operacional (art. 5º), es decir, de acuerdo al modelo peruano, en versión 1992 (Decreto Ley Nº 25635).

Ecuador reinventa su normativa de seguridad nacional, por Ley de Seguridad Pública y del Estado (Registro Oficial, Lunes 28 de Septiembre de 2009, Suplemento). Incluye, desde luego, la Secretaría Nacional de Inteligencia, a la que dedica diez artículos (13º al 22º). Contiene un glosario, similar a las leyes de inteligencia argentina (2001), chilena (2004) y peruana (2006), así como de Principios reguladores y control judicial. Como era de esperarse, cierta prensa cargó contra Correa; se dijo que el gobierno pretendía crear una DINA (la primera policía política de Pinochet, en 1974), y tener su propio Montesinos. Parece que el trauma prosigue desbordando fronteras.

La reforma ecuatoriana fue, en cierto modo, implementada “a la mexicana” (ley de Seguridad Nacional de 2005), esto es, con una sola ley integral que regula, de manera combinada, el sistema de seguridad nacional y público, con el sistema de inteligencia. Es diferente en el Perú, donde es normativamente independiente (leyes 28664 y 28748).

El gobierno designó el año pasado a su primer jefe de la flamante SNI (por Decreto Ejecutivo 1828), que tiene rango de viceministro. Se trata de don Francisco Alejandro Jijón Calderón (59 años). Se impuso compitiendo contra otro personaje, también cargo de confianza del Presidente. Jijón es un destacado e internacionalmente premiado arquitecto, planificador, urbanista y docente, además de prolífico ensayista en temas de su especialidad. Algo sumamente interesante; en toda su hoja de vida, no hay un solo rastro de cursos o gestión de inteligencia. Su vasta gestión pública incluye, desde luego, la municipal (en el cabildo de Quito, como director de prospectiva estratégica). Previamente a su nombramiento, desempeñó funciones como asesor del Ministerio Coordinador de la Seguridad Interna y Externa (con el ministro Miguel Carvajal), donde la SNI se encuentra, según su decreto constitutivo, temporalmente adscrita (al igual que la ANI de Chile, dependiente del Ministerio del Interior).

La decisión, al colocar al arquitecto Jijón en la SNI, confirma una atinada tendencia, de clarísimo perfil, en la elección de las jefaturas recientes de inteligencia en América del Sur (Argentina, Chile y Colombia).

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* Ex funcionario público del sector seguridad. Actualmente asesor privado / internacional.

(1) “Ecuador: gobierno cambia viejo sistema de inteligencia controlado por militares”. “La República”, Lima. Sección Internacional, sábado 6 de junio de 2009.

Chile estrena nuevo jefe de Inteligencia

(*) Andrés Gómez de la Torre Rotta

La reciente designación de Gonzalo Yussef Quiroz, como nuevo jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, de Chile, muestra una vez más el bienvenido perfil netamente político, y el carácter de puestos de total confianza, que adquieren felizmente en la región las jefaturas de inteligencia.

En Chile, inteligencia también trae – pero en nivel extremadamente inferior al local-, su respectiva cuota de cotilla, saoco, rumor y especulación, habiéndose deslizado meses atrás, la candidatura de nuestro querido amigo y colega, el ingeniero y politicólogo Guillermo guille Holzmann Pérez, para la jefatura de la ANI. Holzmann es un técnico y experto, ensayista y catedrático de nota; probablemente sea quien más sabe de inteligencia en Chile. Su falta de actividad política partidaria le jugaría en contra.

Yussef por su parte, es el quinto jefe de inteligencia chileno (bordea los 40 años y registra militancia en el partido Renovación Nacional – RN), desde la transición a la democracia en 1990: Con la creación de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, DISPI, en 1993 mediante la Ley 19212 los jefes fueron: Isidro Solís Palma, Angel Flishfich Fernández, Mario Papi Bayer, y Gustavo Villalobos Sepúlveda (10 años en el cargo, contados entre la DISPI y la ANI). Un dato curioso; esos cinco jefes exhiben un denominador que les es común; todos son abogados y registran militancia política.

La Ley 19974 de 2004, del Sistema de Inteligencia del Estado y Agencia Nacional de Inteligencia, Capítulo II, DE LA ORGANIZACIÒN, artículo 9º, señala el concepto de exclusiva confianza del Presidente, a la dirección superior de la Agencia Nacional de Inteligencia.

Sin embargo, resulta interesante señalar que el flamante director Yussef, no representa ni exhibe un perfil neta y estrictamente político, pues posee vectores y antecedentes profesionales, que resultan muy provechosos para el ejercicio de su nuevo cargo.

Graduado en la universidad de Valparaíso, y adicionalmente magíster en Lógica y Ciencias, es ex concejal municipal y Fiscal miembro del Ministerio Público, por lo que resulta obvio su amplio conocimiento de los temas de seguridad pública, ítem clave para la agenda y preocupaciones de la ANI, cuyos ejes centrales parecieran orientarse al ámbito y dimensión interna, en razón de su tradicional dependencia y adscripción al Ministerio del Interior.

Otro dato interesante; al formalizarse su designación, y presentarse públicamente con el ministro del Interior y el director saliente de la agencia, su declaración ante la prensa, en el sentido que esa primera oportunidad, probablemente sería la última, por la naturaleza de su cargo, revelaría la claridad que tiene Yussef para el cumplimiento de la misión encomendada. La prensa chilena, al respecto, se esmeró en reseñar el carácter impoluto de su perfil, lo que confirma las excelentes opciones de outsiders, que nunca merodearon el sector, como las mejores credenciales para conducir inteligencia.

Chile como el Perú, registran procesos muy similares en cuanto a la existencia de una transición de inteligencia, percutada por obra y gracia de modelos previos de policías políticas (SIN, DINA y CNI). Son de asombrosa similitud, los Decretos Leyes que regularon la DINA chilena (Nº 521) en 1974, y el SIN peruano (Nº 25635) en 1992. Con posterioridad, los nuevos servicios de inteligencia en democracia, creados en ambas naciones (la DISPI y el CNI), se orientaron a trabajar y asumir nuevos y esencialmente diferentes escenarios, de control, supervisión, fiscalización, y rendición de cuentas, bajo marcos normativos más exigentes, en la idea de evitar consabidas y nocivas concentraciones de poder, causantes de los desastres de inteligencia por todos conocidos. Las leyes de inteligencia chilena y peruana, 19212 (de 1993) y 27479 (de 2001) respectivamente, deben entenderse y encuadrarse dentro de parámetros jurídicos transicionales.

Culmino resaltando una innegable ventaja chilena: cinco jefes de inteligencia desde 1993; es indicador contundente que, pese a todos los defectos que se le pueda endosar, muestra la conciencia pública adquirida, de necesaria y fundamental estabilidad y continuidad en la conducción de su inteligencia nacional.

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* (Columnista invitado) Abogado. Magíster en Política y Economía Internacional. Ha trabajado en el SIN, el CNI y la DINI, y para la Comisión de Defensa Nacional e Inteligencia del Congreso de la República, así como para otros organismos públicos del Poder Ejecutivo en la presente década.