¿Una CIA colombiana?

(*) Dr. Andrés Gómez de la Torre Rotta

Creado en 1953. como SIC-DAS, durante el régimen del general Rojas Pinilla, y rebautizado en democracia, bajo la presidencia de Alberto Lleras Camargo (1960), el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, de Colombia, es el servicio de inteligencia probablemente en estado más crítico en la región. Coincidentemente, el jefe de la CIA norteamericana, abogado León Panetta, visitó Bogotá el mes de febrero pasado, con el aparente objetivo de apoyar el proceso de rediseño de inteligencia. En últimos años, en plena gestión uribista, Colombia ha tenido cuatro (más un interino) jefes de inteligencia; Jorge Aurelio Noguera, Mauricio Andrés Peñate, María Hurtado Afanador, y Felipe Muñoz. Todos los jefes exhiben perfiles clarísimos, abogados y orientación profesional a las ciencias sociales, con post-grados y record de desempeño en la administración y dependencias públicas (entre ellas, los gobiernos locales). Plagado se sombras y cuestionamientos, la normatividad que reguló tradicionalmente la inteligencia colombiana fue profusa y difusa. En 1995 (por Decreto 2233, del 21 de diciembre), se logró articular un Sistema Nacional de Inteligencia (Presidente Ernesto Samper, ministros Serpa y Esguerra, del interior y defensa nacional, respectivamente) (SIN), unificación, integración y coordinación fueron, por entonces, los vectores, conceptos acuñados en el texto de la norma. Pero de ningún modo ello significó un efecto arrastre hacia el artificioso y tramposo modelo de inteligencia “duro” o peruano de 1991 y 1992, pues a nadie en Colombia se le ocurriría dotar de facultades discrecionales totales al DAS. Ante una evidente y triste crisis estructural del DAS, en el mes de marzo de 2009, fue promulgada una nueva ley de inteligencia, Nº 1,288, Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco legal que permite a los organismos, que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones.. La norma trae como bienvenido aporte a la legislación comparada latinoamericana reciente, la protección al personal de inteligencia, entre otros aspectos. Luego fue presentado el proyecto de Ley 189, Por la cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad – D.A.S.-, se crea el Departamento Administrativo denominado Agencia Central de Inteligencia de Colombia – A.C.I.-…(con 10 artículos). El concepto de Agencia Central, ha sido parcialmente empleado en Brasil (ABIN, 1999), Chile, (con su “Agencia” Nacional de Inteligencia, creada el 2004), y en el Perú, con el frustrado proyecto de la “Agencia” de Inteligencia Estratégica, AIE, de 2004. La actual refundación de la inteligencia en Colombia, en cierto modo, toma nota de la experiencia de reconstrucción de inteligencia de la Europa oriental de pos-guerra fría, esto es, generando estructuras normativo-institucionales restrictivas en las funciones de los organismos de inteligencia, al amparo de unas convenientes, precisas y puntuales misiones, pues el DAS tenía expansivas y a nuestro modo de ver, amplias funciones, que a la larga, le jugaron muy, pero muy en contra, minando el organismo, así como de colocar contrapesos políticos a inteligencia. Es difícil intuir al grado de compromiso de los servicios de inteligencia norteamericanos, o alguna de sus agencias en particular (con más probabilidad sería la CIA, la DIA, o la NSA), con la nueva ACI o “CIA Colombiana”, Pese a que, el panorama es tentador, las cosas felizmente cambian, pues ya no nos encontramos en los cincuenta o sesenta, con los clásicos buenos pastores, emisarios de la CIA, como el siniestro Posada Carriles, controvertido anti-castrista articulador de la inteligencia Venezolana anti-comunista, por los sesenta, quien sentó las “bases” y filosofía de actuación de la DISIP (1969-2009), creada por el presidente Rafael Caldera, hoy denominado Servicio Bolivariano - SEBIN (diciembre 2009) . Esperamos, desde luego, que León Panetta, actual jefe de la CIA y reciente visitador a Colombia no sea posmoderna versión de Posada Carriles, con la nueva ACI del país vecino.

(*) Ex funcionario público de inteligencia (últimos cuatro gobiernos). Actual asesor empresarial privado.

Hacia un nuevo concepto de Fuerza Armada

(*) Luis Giacoma Macchiavello

Como consecuencia de las declaraciones del abogado Enrique Ghersi proponiendo una transformación de las FFAA es necesario precisar las circunstancias que dan lugar a ello pues no nacen de un arrebato ideológico sino que la realidad del Siglo presente origina una serie de cuestionamientos validos en relación al modelo de Fuerza Armada que un Estado moderno precisa.

En primer lugar se observa una tendencia en el mundo a reducir el tamaño de las Fuerzas Armadas. Si en el Siglo XVIII teníamos el apogeo de la idea de ejércitos masivos en el Siglo XXI tenemos que se privilegia la tecnología sobre la cantidad de elementos uniformados siendo necesario reducir el volumen del Ejército, por ser la el arma masiva por excelencia. Y en esa línea se privilegia al individuo con conocimientos en Relaciones Internacionales, Administración, Tecnología entre otras sobre el modelo de “general tropero” con excelentes cursos de Paracaidismo, Supervivencia entre otros. Dicho de otro modo, un oficial debe tener un perfil distinto y superior al de un suboficial dadas las actividades que realizará[1].

Asimismo es necesaria la unificación de las Fuerzas Armadas siendo el modelo canadiense el paradigma a seguir. De esta manera, se eliminaran nefastos intereses subalternos que originan una “competencia” entre miembros de las FFAA de un mismo Estado (situación absurda). Y se podría tener un mejor manejo de recursos en una sola Escuela de Formación de oficiales conjunta entre otras ventajas de orden administrativo.

Al parecer, estas propuestas que no apuntan en lo absoluto a una destrucción de la Fuerza Armada sino qua apuntan a su evolución y permanencia pero adaptadas al Siglo XXI tropiezan con algunas ideas “tradicionales” de elementos de las Fuerzas Armadas. Tal parece que bajo estos “principios” la Fuerza Armada está exenta de evolucionar como si lo hacen todas las instituciones del Estado. Al respecto decía Juan XXIII que “la tradición no es más que el progreso hecho ayer”. Más bien lo que se oculta con este supuesto respeto a la tradición es el mantenimiento de “feudos” antidemocráticos como el pésimo trato dispensado a los suboficiales, la vigencia de leyes contrarias a los DDHH (como la que prohíbe a la viuda de un militar casarse o tener descendencia pues se le elimina la pensión de viudez), el mantenimiento en el Ejercito de una educación anacrónica de izquierda o velasquista[2] , el desprecio por los civiles que opinan sobre temas de Defensa o la innegable y frecuente ocurrencia de conductas tipificadas como corrupción[3].

También es necesario destacar el hecho que esta pretendida evolución de la Fuerza Armada peruana al siglo XXI deberá contemplar el tema de un sinceramiento en las remuneraciones de los soldados voluntarios[4] profesionales (con capacidad para solicitar créditos en la banca privada para vivienda), adecuadas compensaciones por tiempo de servicios (para acabar con la costumbre de entregar un automóvil a los generales en su lugar), seguros integrales, excelentes servicios médicos para las familias de los miembros de unas modernizadas Fuerzas Armadas (lo que no sucede en la actualidad) entre otras ventajas. Y además la adaptación de la Fuerza Armada al Siglo XXI la integraría a la sociedad de manera plena.

Evidentemente este tránsito de una Fuerza Armada no profesional a una profesional (con la inversión que ello necesita) requiere de capacidad e ímpetu político para una efectiva modernización (que no es la adquisición de armas) y de un liderazgo al interior de las Fuerzas Armadas que no provendrá de la cúpula actual sino de mandos medios, poseedores de otra mentalidad. Es necesaria la confluencia de estas circunstancias para una adecuada transformación.

La discusión pública se encuentra planteada y el tiempo la hará aun más evidente y necesaria. Intentar ocultarla o desacreditarla con argumentos ad hominem como ha sido la respuesta más reaccionaria y cavernaria no causará sino mayor discusión. Estamos frente a una disyuntiva histórica: tener una FFAA masiva, con estructuras antiguas, llena de generales troperos y acomplejados con ideas seniles (velasquistas, violadores de DDHH, “coimisioneros”, ollantistas) o el surgimiento de una Fuerza Armada moderna[5], no masiva, de elite, poseedora de alta tecnología, con Generales Phd[6], con oficiales y suboficiales preparados y poseedores de grados académicos superiores. Estamos seguros que el pueblo peruano merece unas FFAA de estas características.

---

[1] Son los llamados Generales Troperos. Carecen del nivel cultural y social que implica ser General y muchos de ellos provienen de la sub oficialidad y mediante patologías institucionales diversas llegaron a ser oficiales. Constituyen un mal ejemplo y un pésimo precedente para una FFAA moderna que mira al Siglo XXI.

[2] Hasta la actualidad la inmensa mayoría de oficiales del Ejército Peruano se declaran velasquistas y “paladines del cambio social”. Otra nefasta herencia afrancesada. Además defienden la Reforma Agraria y sueñan con una Guerra con el vecino del Sur.

[3] Desde sobrevaluaciones hasta ascensos discutibles (de Comandante a General en 5 meses) constituyen ejemplos de corrupción incuestionables. Un síntoma de ello son los ascensos producto de la brillante operación “Chavín de Huantar”. Es cuestionable ascender a algunos solo por hacer bien su trabajo (pues para ello se les prepara con nuestros impuestos) en desmedro de otros.

[4] Característica básica del nuevo elemento de la Fuerza Armada. Si decide retirarse nadie debe impedirlo ni amenazarlos con un cobro por demás indebido.

[5] Con pleno respeto a los DDHH y que cumplan EFICIENTEMENTE su función constitucional.

[6] En Universidades de prestigio y sin cuestionamiento alguno se entiende.