Magíster en Relaciones Internacionales
gusipri@yahoo.es
AL CONSUMIDOR DE LA DOSIS PERSONAL, NO SE DEBE CASTIGAR PENALMENTE, SINO REHABILITAR SOCIALMENTE.
La propuesta presentada por el Gobierno Nacional de crear unos “ Tribunales de tratamiento de drogas”, para ofrecerle a los adictos la atención medica que necesitan y dejar a disposición del legislativo delimitar la responsabilidad penal que tienen por el porte y consumo del estupefaciente, es una iniciativa que a pesar de haber sido estudiada y consultada con la Organización de Naciones Unidas ONU, tiene dos aspectos que se deben de analizar detenidamente, uno el aspecto penal y otro el aspecto social, el cual desde mi punto de vista es el más importante.
La propuesta presentada por el Gobierno Nacional de crear unos “ Tribunales de tratamiento de drogas”, para ofrecerle a los adictos la atención medica que necesitan y dejar a disposición del legislativo delimitar la responsabilidad penal que tienen por el porte y consumo del estupefaciente, es una iniciativa que a pesar de haber sido estudiada y consultada con la Organización de Naciones Unidas ONU, tiene dos aspectos que se deben de analizar detenidamente, uno el aspecto penal y otro el aspecto social, el cual desde mi punto de vista es el más importante.
Castigar penalmente al consumidor de una dosis personal es violar notablemente los derechos fundamentales del ciudadano, porque se está coartando sus libertades individuales y por ende el libre desarrollo de su personalidad, derechos fundamentales estipulados no solo a nivel mundial por el pacto internacional de derechos civiles, sino también a nivel nacional por el artículo 15 y 16 de la Constitución Nacional.
La solución no está en castigar “con todo el peso de la ley” a estos consumidores o mejor dicho como explicaba el profesor italiano Francesco Carrara en sus manuales elementales de derecho penal, que el fin del aparato jurisdiccional del Estado es castigar al individuo con una sanción punitiva proporcional al delito cometido; En este caso no es viable esta situación, porque el problema no es jurídico sino social, sobre todo si tenemos en cuenta que nosotros como sociedad Colombiana hemos sido tolerantes y permisibles con la utilización de la dosis personal, la cual viene siendo legal en nuestro país desde la sentencia de la Corte Constitucional # 221 del 5 de mayo de1994, entonces ahora no podemos crucificar a nuestros jóvenes y ciudadanos que lastimosamente son adictos, porque la solución de un día para otro fue utilizar el poder coercitivo de la fuerza.
La solución a este grave problema es social y es trabajar de una forma efectiva y eficiente no solo en la rehabilitación de los adictos, sino también en la prevención contra el consumo, ya que desde estas dos variables es donde se enfoca el problema, por lo tanto el Estado debe en su sistema de seguridad social tener centros de rehabilitación totalmente pagados por el erario público donde existan funcionarios especializados ( médicos, sicólogos y trabajadores sociales ) que puedan tratar a este enfermo dependiente o adicto de la manera más profesional, para que de esta forma se sientan respaldados por el Estado en la solución de su enfermedad, así mismo, el Estado debe tener una relación muy directa con la familia del adicto para trabajar en conjunto y comprometerla en el apoyo moral y afectivo que necesita en esos momentos el enfermo dependiente y por último se deben incrementar las campañas de prevención contra el consumo, las cuales son fundamentales para prevenir que mas jóvenes entre en este delicado problema.
Es importante tener en cuenta que la credibilidad de un Estado de Derecho ante sus conciudadanos es el respeto por sus derechos fundamentales, por esta razón es de vital importancia todas las medidas sociales que se puedan tomas para solucionar el consumo de la dosis personal sin afectar las libertades individuales, porque el problema no es jurídico sino social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario