(Sobre la nueva SNI),“un banquete apetecible para los mediocres de siempre, para los de mala fe de siempre”...
Presidente Rafael Correa
“El Nuevo Empresario”. Noticias Nacionales
Martes, 14 de julio de 2009.
El gobierno ecuatoriano modernizó viejas y anquilosadas estructuras de inteligencia (1). Luego del luctuoso incidente de Angostura, con Colombia, Rafael Correa creó una Comisión Especial, el 15 de mayo de 2008, mediante decreto Nº 1080, para la “Investigación de los servicios de inteligencia militares y policiales ecuatorianos”. La Comisión elaboró un Informe, cuyo punto 7º, señala la necesidad de promulgar una ley de inteligencia nacional, bajo un nuevo sistema de conducción política, dependiente de la Presidencia de la República. La recomendación se hizo realidad tangible con el decreto Nº 1768 del 8 de junio de 2009 (7 artículos, una disposición derogatoria y una final), y fue creada la Secretaría Nacional de Inteligencia, la SNI. Reemplaza a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, institución de pleno gobierno militar, por vetusta Ley de Seguridad Nacional de 1979. Órgano dependiente del COSENA (Consejo de Seguridad Nacional), la militarizada DNI, normaba el conjunto del sistema de inteligencia, ¡gracias a un solitario y escueto artículo!.... El Considerando del decreto de creación de la nueva SNI, coloca a la justicia social, como variable de la seguridad nacional, muy acorde con la visión del militarismo clásico ecuatoriano, y perfila una SNI articuladora del sistema y sub-sistemas de inteligencia. Contradictoriamente, se le otorgan facultades en el nivel operacional (art. 5º), es decir, de acuerdo al modelo peruano, en versión 1992 (Decreto Ley Nº 25635).
Ecuador reinventa su normativa de seguridad nacional, por Ley de Seguridad Pública y del Estado (Registro Oficial, Lunes 28 de Septiembre de 2009, Suplemento). Incluye, desde luego, la Secretaría Nacional de Inteligencia, a la que dedica diez artículos (13º al 22º). Contiene un glosario, similar a las leyes de inteligencia argentina (2001), chilena (2004) y peruana (2006), así como de Principios reguladores y control judicial. Como era de esperarse, cierta prensa cargó contra Correa; se dijo que el gobierno pretendía crear una DINA (la primera policía política de Pinochet, en 1974), y tener su propio Montesinos. Parece que el trauma prosigue desbordando fronteras.
La reforma ecuatoriana fue, en cierto modo, implementada “a la mexicana” (ley de Seguridad Nacional de 2005), esto es, con una sola ley integral que regula, de manera combinada, el sistema de seguridad nacional y público, con el sistema de inteligencia. Es diferente en el Perú, donde es normativamente independiente (leyes 28664 y 28748).
El gobierno designó el año pasado a su primer jefe de la flamante SNI (por Decreto Ejecutivo 1828), que tiene rango de viceministro. Se trata de don Francisco Alejandro Jijón Calderón (59 años). Se impuso compitiendo contra otro personaje, también cargo de confianza del Presidente. Jijón es un destacado e internacionalmente premiado arquitecto, planificador, urbanista y docente, además de prolífico ensayista en temas de su especialidad. Algo sumamente interesante; en toda su hoja de vida, no hay un solo rastro de cursos o gestión de inteligencia. Su vasta gestión pública incluye, desde luego, la municipal (en el cabildo de Quito, como director de prospectiva estratégica). Previamente a su nombramiento, desempeñó funciones como asesor del Ministerio Coordinador de la Seguridad Interna y Externa (con el ministro Miguel Carvajal), donde la SNI se encuentra, según su decreto constitutivo, temporalmente adscrita (al igual que la ANI de Chile, dependiente del Ministerio del Interior).
La decisión, al colocar al arquitecto Jijón en la SNI, confirma una atinada tendencia, de clarísimo perfil, en la elección de las jefaturas recientes de inteligencia en América del Sur (Argentina, Chile y Colombia).
* Ex funcionario público del sector seguridad. Actualmente asesor privado / internacional.
(1) “Ecuador: gobierno cambia viejo sistema de inteligencia controlado por militares”. “La República”, Lima. Sección Internacional, sábado 6 de junio de 2009.
La reciente designación de Gonzalo Yussef Quiroz, como nuevo jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, de Chile, muestra una vez más el bienvenido perfil netamente político, y el carácter de puestos de total confianza, que adquieren felizmente en la región las jefaturas de inteligencia.
En Chile, inteligencia también trae – pero en nivel extremadamente inferior al local-, su respectiva cuota de cotilla, saoco, rumory especulación, habiéndose deslizado meses atrás, la candidatura de nuestro querido amigo y colega, el ingeniero y politicólogoGuillermo guille Holzmann Pérez,parala jefatura de la ANI. Holzmann es un técnico y experto, ensayista y catedrático de nota; probablemente sea quien más sabe de inteligencia en Chile. Su falta de actividad política partidaria le jugaría en contra.
Yussef por su parte, es el quinto jefe de inteligencia chileno (bordea los 40 años y registra militancia en el partido Renovación Nacional – RN), desde la transición a la democracia en 1990: Con la creación de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, DISPI, en 1993 mediante la Ley 19212 los jefes fueron: Isidro Solís Palma, Angel Flishfich Fernández, Mario Papi Bayer, y Gustavo Villalobos Sepúlveda (10 años en el cargo, contados entre la DISPI y la ANI).Un dato curioso; esos cinco jefes exhiben un denominador que les es común; todos son abogados y registran militancia política.
La Ley 19974 de 2004, del Sistema de Inteligencia del Estado y Agencia Nacional de Inteligencia, Capítulo II, DE LA ORGANIZACIÒN, artículo 9º, señala el concepto de exclusiva confianza del Presidente, a la dirección superior de la Agencia Nacional de Inteligencia.
Sin embargo, resulta interesante señalar que el flamante director Yussef, no representa ni exhibe un perfil neta y estrictamente político, pues posee vectores y antecedentes profesionales, que resultan muy provechosos para el ejercicio de su nuevo cargo.
Graduado en la universidad de Valparaíso, y adicionalmente magíster en Lógica y Ciencias, es ex concejal municipal y Fiscal miembro del Ministerio Público, por lo que resulta obvio su amplio conocimiento de lostemas de seguridad pública, ítem clave para la agenda y preocupaciones de la ANI, cuyos ejes centrales parecieran orientarse al ámbito y dimensión interna, en razón de su tradicional dependencia y adscripción al Ministerio del Interior.
Otro dato interesante; al formalizarse su designación, y presentarse públicamente con el ministro del Interior y el director saliente de la agencia, su declaración ante la prensa, en el sentido que esa primera oportunidad, probablemente sería la última, por la naturaleza de su cargo, revelaría la claridad que tiene Yussefpara el cumplimiento de la misión encomendada. La prensa chilena, al respecto, se esmeró en reseñar el carácter impoluto de su perfil, lo que confirma las excelentes opciones de outsiders, que nunca merodearon el sector, como las mejores credenciales para conducir inteligencia.
Chile como el Perú, registran procesos muy similares en cuanto a la existencia de una transición de inteligencia, percutada por obra y gracia de modelos previos de policías políticas(SIN, DINA y CNI).Son de asombrosa similitud, los Decretos Leyes que regularon la DINA chilena (Nº 521) en 1974, y el SIN peruano(Nº 25635) en 1992. Con posterioridad, losnuevos servicios de inteligencia en democracia, creados en ambas naciones (la DISPI y el CNI), se orientaron a trabajar y asumir nuevos y esencialmente diferentes escenarios, de control, supervisión, fiscalización, y rendición de cuentas, bajo marcos normativos más exigentes, en la idea de evitar consabidas y nocivas concentraciones de poder, causantes de los desastres de inteligencia por todos conocidos. Las leyes de inteligencia chilena y peruana,19212 (de 1993) y 27479 (de 2001) respectivamente, deben entenderse y encuadrarse dentro de parámetros jurídicos transicionales.
Culmino resaltando una innegable ventaja chilena: cinco jefes de inteligencia desde 1993; es indicador contundente que, pese a todos los defectos que se le pueda endosar, muestra la conciencia pública adquirida, de necesaria y fundamental estabilidad y continuidad en la conducción de su inteligencia nacional.
* (Columnista invitado) Abogado. Magíster en Política y Economía Internacional. Ha trabajado en el SIN, el CNI y la DINI, y para la Comisión de Defensa Nacional e Inteligencia del Congreso de la República, así como para otros organismos públicos del Poder Ejecutivo en la presente década.
Si su medico le dijese que tiene una infección que se esta expandiendo silenciosamente (narcoterrorismo), la cual se puede combatir con la misma medicina que le permitirá controlar su delicada condición cardiaca, que hace inevitables crisis periódicas (lluvias, huaycos, sequías, terremotos, tsunamis) y que la ciudad en que vive es propensa a los accidentes de transito (conflictos fronterizos). Destinaría usted sus escasos recursos a prevenir los accidentes de transito?
Las economías pequeñas, estamos forzadas a invertir y gastar inteligentemente. La defensa y la seguridad, primera razón para la existencia del Estado (sin ellas no es posible proteger la salud ni brindar educación), no se escapa de esta norma.
Resueltos nuestras rencillas norteñas, sin problemas contemporáneos relevantes con Brasil, Colombia ni Bolivia, la preocupación castrense, ha venido mirando con explicable recelo la velocidad con que el balance bélico se invirtió.
Podríamos comprar tanques, buques o cazas, pero no alcanzaría ni un equilibrio disuasivo. Además, el gasto operativo que estas demandarían, seguirá siendo imposible de cubrir con el ingreso corriente, traduciéndose en nula capacidad operativa real. Piloto que no vuela, marino que no navega, artillero o infante que no dispara no sirven para ganar un conflicto, la valentía es necesaria, pero no basta.
Ese tipo de compras, aun siendo necesarias, no debieran ser prioritarias en el tiempo. Debemos dirigirnos a una fuerza más pequeña motivada, con mejor preparación constante, equipamiento, remunerada decentemente y dotarla de:
1. Sistemas de comunicaciones radiales compatibles para toda unidad de la fuerza pública.
2. Inteligencia estratégica y operativa unificadas, evitando duplicación de esfuerzos o la neutralización interna.
3. Estrategia conjunta diseñada por un comando realmente unificado, ajeno a los infantiles celos interinstitucionales.
4. Equipamiento coherente con esa estrategia conjunta, sin las tradicionales soluciones eclécticas que terminan haciendo inviable la utilización coordinada de la fuerza.
5. Dotación masiva de helicópteros capaces de transportar rápidamente pequeños grupos operativos de fuerzas especiales; algunos aviones y helicópteros bimotor de carga que permitan rápidos traslados de ayuda (hospitales, provisiones y pertrechos) a donde se necesite; aviones de bajo costo operativo artillados, con cabinas blindadas y sistemas contemporáneos de observación térmica y nocturna.
6. Porta tropas blindados, lanchas artilladas y antitanques personales.
7. Armamento ligero moderno, homologado y de calidad comprobada en combate, para toda las FFAA y la PNP.
8. Entrenamiento común que permita operaciones conjuntas eficaces.
9. Restauración económica de la capacidad de maniobra y operaciones.
Ese es el camino. Insistir en una fuerza masiva sin capacidad operativa real, es traicionar tozudamente los sagrados intereses patrios.