SIN Asesoría Jurídica

(*) Columnista invitado: Dr. Andrés Gómez de la Torre Rotta

Un déficit histórico de nuestros servicios de inteligencia, desde su creación en los años sesenta, ha sido la falta de un buen staff de abogados, a modo de soporte jurídico. Tradicionalmente, los puestos en la precaria e improvisada asesoría legal que exhibió durante muchos años el SIN, eran cubiertos por personal administrativo, que estudiaba la carrera de derecho y en el camino, al graduarse, asumía colocaciones profesionales (algunas, pese a ser no tituladas, asumieron irregularmente plazas profesionales) Los personajes que transitaron por la asesoría jurídica del SIN (OTAJ) desde fines de los años sesenta, hasta su caída en el 2000, fueron casi los mismos y muy pocos, cuyo denominador común fue su total carencia de expertise e interés en temas de seguridad nacional, defensa e inteligencia estratégica. Se trata de un problema estructural de la organización, que deberá ser encarado en el marco de la reconstrucción total del SINA, frente a la innegable existencia de un derecho de los servicios de inteligencia (1), y nuevos ángulos y vectores de la trama y relación entre producción de inteligencia y normas de derecho.

En el SIN de los años noventa, la asesoría jurídica (OTAJ) se embarcó y comprometió en apadrinar una forzada, traumática y artificiosa reconversión del órgano (con el Decreto Legislativo 746 y Decreto Ley 25635), bajo el argumento de un supuesto “efectivo” modelo centralista unificado, liquidando el Consejo de Inteligencia, COSI (Decreto Legislativo 270 de 1984). Ello derivó a la postre en la disolución del SIN. Los medrosos abogados y asesores legales del SIN, entre 1991 y 1992, jamás se arriesgaron a diseñar y sostener fórmulas imaginativas para fortalecer a éste y al SINA, evitando crear en paralelo una Stasi o Securitate andina. Cual efecto boomerang, la “reconversión” 91/92 contribuyó posteriormente al vergonzoso final del SIN el año 2000.

Sin embargo, una de las pocas cosas rescatables del antiguo personal jurídico del SIN, fue un inadvertido y poco valorado suceso, acaecido el viernes 18 de enero de 2008. En una audiencia judicial, e interrogatorio a Pedro Arcés Huertas Caballero, durante largos años miembro y luego jefe de asesoría jurídica del SIN, señaló que el artículo 8º de la Ley Ordinaria 27479 de 2001, es una copia textual del Decreto Ley 25635 de 1992. Finaliza Huertas en el sentido que, en el año 2001 continuaba, digamos, la situación esta del Servicio de Inteligencia Nacional. En resumen, el SINA y el CNI al 2001 tenían la facultad legal de hacer una inteligencia total, de vocación netamente expansiva, en todos los campos, niveles y dominios de la actividad nacional, como en los “dorados” y por algunos todavía añorados, años noventa.

Importante es el testimonio de Huertas Caballero, por que allí hay un gran meollo; la Ley 27479 de 2001, si bien tuvo en teoría 5 Proyectos de Ley previos, como materia prima e insumo para elaborar el predictamen, finalmente fue aprobada en el pleno en base un misterioso texto sustitutorio, del que hasta hoy se desconoce su procedencia. Aquí no hubo nada de mano “caviar”, y echa por la borda la tesis que el “civismo” post-montesinos anuló totalmente inteligencia. Otra cosa es que algunos de los nuevos jerarcas del CNI, no emplearan esas legítimas prerrogativas legales en democracia.

Manolo Vela, sociólogo guatemalteco de FLACSO, y consultor del Justice in Times Transition Program, Harvard University - 2002, para la reforma de la inteligencia peruana, fue contundente en un working paper mucho antes de las declaraciones de Huertas. Dejó muy en claro que la similitud de varios artículos de ambas normas, jamás debió suceder. (2).

Posteriormente, en el extinto Consejo Nacional de Inteligencia, el CNI, la asesoría jurídica se redujo a simple ente de trámite documentario, en asuntos laborales, cartas de despido, juicios nimios, aspectos contractuales en general, y especialmente de mucho chisme, sin comprometerse a asesorar y abordar colaborativamente, ángulos de importancia capital, como la gestión de contrainteligencia y los métodos de colección humana (HUMINT), con objeto de ser cuidadosos con la delgada línea roja de los derechos fundamentales.

Con la nueva ley 28664 de 2006, el órgano rector no central, la DINI, formaliza a los Vocales Superiores Ad Hoc, los pedidos de autorización judicial respectiva, para la realización de Operaciones Especiales, que suspenden transitoriamente derechos constitucionales. La autorización judicial legitima dichas operaciones (art. 20º). Es responsabilidad de la asesoría jurídica –hoy OAJ-, de elaborar una argumentación y sustentación convincente que viabilice ante el Poder Judicial y coadyuve a discurrir con celeridad dichas autorizaciones. Nos recuerda la Ley orgánica española Nª 2/2002, del 6 de mayo, reguladora del control judicial previo, promulgada a la par que los nuevos estatutos del Centro Nacional de Inteligencia, CNI. La Exposición de Motivos de dicha norma es clarísima: “a efectos de establecer un control judicial de las actividades del citado Centro que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución española”. Alude dicha Exposición de Motivos, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. El procedimiento previsto para los efectos, en el sistema español, resulta más complejo, detallado, menos expeditivo, por lo tanto más engorroso, que el diseñado en la ley peruana 28664.

Recordemos que España sufre dos tipos de terrorismo bastante diferenciados; el independentista, nacionalista y separatista y el proveniente del islámico y fundamentalista global. Pero existe un consenso prácticamente unánime, acerca de la necesidad de tal norma, no percibiéndose como garantista u obstaculizadora de la actividad de inteligencia para la seguridad del reino.

Volviendo a la asesoría jurídica de los servicios de inteligencia, ésta se ha expandido notablemente. Sin ser órganos principales de inteligencia, palabras y conceptos como internacionalización, inteligencia compartida, cooperación e interacción, derecho internacional, operaciones especiales, procedimientos de autorización judicial, preparación del ente para la fiscalización parlamentaria de la Comisión ordinaria de Inteligencia, opinión sobre la pertinencia de Proyectos de Ley congresales, respuesta a pedidos de información y visitas in loco, así como enlace parlamentario, son cuestiones casi inéditas, que imponen a aquellas oficinas, nuevos desafíos y profundos replanteos de su razón de ser.

Desde luego, parte de ese replanteamiento, no pasa por enviar a su “capital” humano de paseo por superficiales cursillos de ciertas entidades de instrucción en defensa (en los noventa fue Taiwán y en la presente década Estados Unidos). Recomendamos fervientemente el texto del Ministerio de Defensa de España, Cuadernos de Estrategia Nº 127, “Estudios de Inteligencia: Fundamentos para la Seguridad Nacional” (junio 2004). Convoca a los mejores especialistas para abordar los temas aludidos.

Terminamos estas breves reflexiones, señalando que hay todavía áreas de la reconstrucción de inteligencia –como el de sus dependencias jurídicas-, que a veces terminan olvidadas, insertas en otras escalas inferiores de prioridades, a modo de retazos, dentro del cajón del sastre, quedando fuera del gran atavío, que es el complejo bordado y entramado de un servicio de inteligencia.

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(1)Derecho de los servicios de inteligencia, nuevo ángulo de la especialidad jurídica. Andrés Gómez de la Torre, “Sistemas de Inteligencia Comparados. Aportes al caso peruano”, IDEPE, 2010 p.99.

(2)Paper de Manolo Vela. Incluido en el Dossier preparado por Jenny Ellis, Program Officer, Carpeta de Trabajo, Justice in Times of Transition. Harvard. 2002, Lima & Cambridge MA. Junto a los estudios de Bernardo Arévalo de León de Guatemala, José Manuel Ugarte de Argentina y Raúl Benitez Manaut de México, entre otros.

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* Trabajó en el SIN, el CNI y la DINI, para los últimos cuatro gobiernos (Perú 2000, Acción Popular, Perú Posible y APRA). Ex asesor parlamentario en asuntos de inteligencia y defensa nacional (2002-2007). Autor de varios ensayos en temas de su especialidad, publicados en Washington, Madrid, Buenos Aires y Lima.

Tragedia, carrera trunca y oportunidad

Por: Dardo López-Dolz Madueño

La tragedia sureña, genera una oportunidad única para el Perú. Las reservas internacionales chilenas son quince billones de dólares, la preconstrucción costara treinta billones, no podrán seguir con sus compras militares. Desaparece, por ahora, la necesidad de millonarias compras de tanques y cazas.

Si realmente interesa nuestra seguridad y no las comisiones, reconsideremos nuestras compras militares, priorizando la adquisición de aviones de transporte y helicópteros, y equipos de comunicaciones, que tanta falta hacen para vencer a los dos enemigos que hoy ya atacan. Los desbordes en Cusco y la lentitud de reacción allí, en el Huallaga y el VRAE lo demuestran.

¿Esperaremos que SL o los carteles de la droga nos jaqueen o que nos alcance la inevitable seguidilla telúrica-climática repitiendo a nivel nacional el trágico desmadre iqueño?

Toda compra militar importante es una alianza tacita, Velazco lo entendió comprando ruso, sus sucesores en el gobierno y el comando no.

Estados Unidos ha dado innumerables muestras de interés en colaborar con nuestro equipamiento y entrenamiento, la geopolítica contemporánea, nos hace, temporalmente, aliados atractivos para una potencia cercana. ¿Vamos a seguir la común tradición política y castrense y dejar pasar las oportunidades, insistiendo en equiparnos en las lejanas Rusia, Israel o China, para quienes somos estratégicamente insignificantes?

Recapacitemos respecto a Defensa Civil, ente burocrático, ante el cual ni la ciudadanía ni los gobiernos locales o regionales asumen cuotas de responsabilidad. El caos que se desato en el Boulevard de Asia y alrededores, hubiera terminado en tragedia de proporciones si el tsunami llegaba, nadie planea, nadie dirige, nadie coordina. Mas que recursos, hace falta encadenar neuronas ¿O es que esas si son hoy escasas?

Una coordinación eficaz, cuando las comunicaciones se caen, requiere la concentración física del comando y administración de la fuerza armada, el Ministerio de Interior y la PNP en un solo lugar.
En Estados Unidos, el Secretario de Defensa, el jefe comando Conjunto y los cuatro comandantes de fuerza trabajan en el Pentágono, la CIA esta muy cerca. Colombia siguió el ejemplo con buen resultado. Coordinación más rápida y, por interina, menos vulnerable.

Adicionalmente estimularíamos el respeto y camaradería entre fuerzas, precurso indispensable para el trabajo conjunto. Disminuyendo costos administrativos, de seguridad, transporte y comunicación, obteniendo mayor control y celeridad burocrática. De paso nadie podrá irse al gimnasio (donde hace poco me encontré un importante almirante en horas de oficina) a “trampear” o jugar pelota, aduciendo que va al Ministerio o al CCFFAA.

En tiempos de economía realista, eficiencia es el nombre del juego.

Hacia un nuevo concepto de Fuerza Armada

Como consecuencia de las declaraciones del excelente abogado Enrique Ghersi proponiendo una transformación de las FFAA es necesario precisar las circunstancias que dan lugar a ello pues no nacen de un arrebato ideológico sino que la realidad del Siglo presente origina una serie de cuestionamientos validos en relación al modelo de Fuerza Armada que un Estado moderno precisa.

En primer lugar se observa una tendencia en el mundo a reducir el tamaño de las Fuerzas Armadas. Si en el Siglo XVIII teníamos el apogeo de la idea de ejércitos masivos en el Siglo XXI tenemos que se privilegia la tecnología sobre la cantidad de elementos uniformados siendo necesario reducir el volumen del Ejército, por ser la el arma masiva por excelencia. Y en esa línea se privilegia al individuo con conocimientos en Relaciones Internacionales, Administración, Tecnología entre otras sobre el modelo de “general tropero” con excelentes cursos de Paracaidismo, Supervivencia entre otros. Dicho de otro modo, un oficial debe tener un perfil distinto y superior al de un suboficial dadas las actividades que realizará[1].

Asimismo es necesaria la unificación de las Fuerzas Armadas siendo el modelo canadiense el paradigma a seguir. De esta manera, se eliminaran nefastos intereses subalternos que originan una “competencia” entre miembros de las FFAA de un mismo Estado (situación absurda). Y se podría tener un mejor manejo de recursos en una sola Escuela de Formación de oficiales conjunta entre otras ventajas de orden administrativo.

Al parecer, estas propuestas que no apuntan en lo absoluto a una destrucción de la Fuerza Armada sino qua apuntan a su evolución y permanencia pero adaptadas al Siglo XXI tropiezan con algunas ideas “tradicionales” de elementos de las Fuerzas Armadas. Tal parece que bajo estos “principios” la Fuerza Armada está exenta de evolucionar como si lo hacen todas las instituciones del Estado. Al respecto decía Juan XXIII que “la tradición no es más que el progreso hecho ayer”. Más bien lo que se oculta con este supuesto respeto a la tradición es el mantenimiento de “feudos” antidemocráticos como el pésimo trato dispensado a los suboficiales, la vigencia de leyes contrarias a los DDHH (como la que prohíbe a la viuda de un militar casarse o tener descendencia pues se le elimina la pensión de viudez), el mantenimiento en el Ejercito de una educación anacrónica de izquierda o velasquista[2] , el desprecio por los civiles que opinan sobre temas de Defensa o la innegable y frecuente ocurrencia de conductas tipificadas como corrupción[3].

También es necesario destacar el hecho que esta pretendida evolución de la Fuerza Armada peruana al siglo XXI deberá contemplar el tema de un sinceramiento en las remuneraciones de los soldados voluntarios[4] profesionales (con capacidad para solicitar créditos en la banca privada para vivienda), adecuadas compensaciones por tiempo de servicios (para acabar con la costumbre de entregar un automóvil a los generales en su lugar), seguros integrales, excelentes servicios médicos para las familias de los miembros de unas modernizadas Fuerzas Armadas (lo que no sucede en la actualidad) entre otras ventajas. Y además la adaptación de la Fuerza Armada al Siglo XXI la integraría a la sociedad de manera plena.

Evidentemente este tránsito de una Fuerza Armada no profesional a una profesional (con la inversión que ello necesita) requiere de capacidad e ímpetu político para una efectiva modernización (que no es la adquisición de armas) y de un liderazgo al interior de las Fuerzas Armadas que no provendrá de la cúpula actual sino de mandos medios, poseedores de otra mentalidad. Es necesaria la confluencia de estas circunstancias para una adecuada transformación.

La discusión pública se encuentra planteada y el tiempo la hará aun más evidente y necesaria. Intentar ocultarla o desacreditarla con argumentos ad hominem como ha sido la respuesta más reaccionaria y cavernaria no causará sino mayor discusión. Estamos frente a una disyuntiva histórica: tener una FFAA masiva, con estructuras antiguas e ideas seniles o el surgimiento de una Fuerza Armada moderna[5], no masivas, poseedora de alta tecnología, con Generales Phd[6], con oficiales y suboficiales preparados y poseedores de grados académicos superiores. Estamos seguros que el pueblo peruano merece unas FFAA de estas características.

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[1] Son los llamados Generales Troperos. Carecen del nivel cultural y social que implicaba ser General y muchos de ellos provienen de la sub oficialidad y mediante patologías institucionales diversas llegaron a ser oficiales. Constituyen un mal ejemplo y un pésimo precedente para una FFAA moderna que mira al Siglo XXI.

[2] Hasta la actualidad la inmensa mayoría de oficiales del Ejército Peruano se declaran velasquistas y “paladines del cambio social”. Otra nefasta herencia afrancesada. Además defienden la Reforma Agraria y sueñan con una Guerra con el vecino del Sur.

[3] Desde sobrevaluaciones hasta ascensos discutibles (de Comandante a General en 5 meses) constituyen ejemplos de corrupción incuestionables. Un síntoma de ello son los ascensos producto de la brillante operación “Chavin de Huantar”. Es cuestionable ascender a algunos solo por hacer bien su trabajo (pues para ello se les prepara con nuestros impuestos) en desmedro de otros.

[4] Característica básica del nuevo elemento de la Fuerza Armada. Si decide retirarse nadie debe impedirlo ni amenazarlos con un cobro por demás indebido.

[5] Con pleno respeto a los DDHH y que cumplan EFICIENTEMENTE su función constitucional.

[6] En Universidades de prestigio y sin cuestionamiento alguno se entiende.